La Procuraduría evidenció 70 casos y más de un millón de microdatos que documentan la imposición de trabajos forzados a las víctimas de secuestro, lo que llevó a la Sala de Reconocimiento de la JEP a imputar cargos por esclavitud.

Los exdirigentes de las FARC rechazaron las acusaciones y anunciaron que tomarán acciones legales.

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